¿Quién presenta la petición y cuando?
El 26 de junio 2017, la familia Abarca, inclusive su esposa y cuatro hijos, presentaron una petición contra los Estados Unidos Mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos, del defensor de los derechos humanos mexicano Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre 2009. Lo acompañaron tres co-peticionarios: la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Lo anunciaron en una conferencia de prensa el 28 de junio en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.
¿Qué es una petición ante la CIDH?
Una petición ante la CIDH es una queja contra un Estado por haber violado normas internacionales con la que tiene que cumplir, en el caso del Estado mexicano siendo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La CIDH emite recomendaciones que el Estado debe respetar. Si no lo hace, la CIDH puede llevar e caso a la CORTE Interamericana de Derechos Humanos, la cual sí emite resoluciones obligatorias.
¿Por qué responsabilizamos a los Estados Unidos Mexicanos?
El agricultor chiapaneco Mariano Abarca, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado a los 50 años frente a su casa en Chicomuselo, Chiapas, por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, porque encabezaba la resistencia de su pueblo a los daños ocasionados por la mina de barita La Revancha en su pueblo.
Entre 2007 a 2009, durante su lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales en Chicomuselo, Mariano fue víctima de amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire. Unos meses antes de su asesinato, fue víctima de criminalización, cuando un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009. El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno.
Mariano, su familia, Otros Mundos A.C. y la REMA interpusieron denuncias ante las autoridades mexicanas por esas agresiones y ese proceso de criminalización, pero ninguna autoridad municipal, estatal ni federal las atendió. Las autoridades tampoco otorgaron medidas de seguridad ni brindaron protección al defensor, lo que se interpreta como un proceso de consentimiento de los ataques en su contra.
Esta actitud permisiva del Estado Mexicano permitió que el 27 de noviembre 2009, apenas unos días después de haber interpuesto una denuncia en contra de dos personas vinculadas a Blackfire, Mariano fuera asesinado. El agresor le disparó a quemarropa por la espalda mientras estaba frente a su casa en el centro de Chicomuselo.
Este crimen anunciado hubiera podido ser evitado si el gobierno mexicano hubiera preferido proteger la vida del defensor en lugar de los intereses de Blackfire.
Además, el Estado mexicano es responsable de la falta de una investigación plena e imparcial necesaria para esclarecer los hechos y responsabilizar a los autores intelectuales y materiales del crimen.
¿Por qué denunciamos ahora?
A 7 años y 7 meses del asesinato, las instancias judiciales mexicanas no han realizado una investigación plena e imparcial que esclareciera los hechos y responsabilizara a los autores intelectuales y materiales del crimen. Varias personas sospechosas, todas relacionadas con la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, fueron detenidas -una de ellas incluso fue llevada a prisión, pero fueron liberadas porque la investigación no se realizó con la debida diligencia. Hoy en día, nadie se encuentra condenado. Por el retardo extraordinario en la investigación, la cual sigue abierta en el Ministerio Público, la familia Abarca ha decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se haga justicia.
¿Por qué denunciamos la complicidad de la Embajada de Canadá en México ?
En la petición ante la CIDH, se denuncia que el estado mexicano se dejó influir por la embajada de Canadá. Este país es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano: de allí proviene alrededor del 70% de las empresas mineras extranjeras operando en México. Para la inversión directa canadiense en el sector minero a nivel mundial, México es el segundo destino más importante después de los Estados Unidos.
En julio de 2009, Mariano llevó una denuncia a la Embajada de Canadá en México sobre los riesgos que él y los demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente enfrentaban a raíz de la actuación de la empresa Blackfire y sus trabajadores, pero fue ignorada. Según documentación obtenida bajo la ley de transparencia de Canadá, la Embajada de Canadá tuvo alto conocimiento del creciente conflicto social generado por Blackfire en Chicomuselo desde su inicio, y aún así, cabildeó a favor de la empresa ante las autoridades mexicanas estatales y federales. La presión diplomática ejercida por la Embajada abonó al conflicto y a la situación de desprotección en la que se encontraba Mariano.
¿Por qué todos debemos conocer la historia de Mariano y exigir justicia por su asesinato?
El caso de Mariano ilustra los problemas que se han generado en todo México por la impunidad y la voluntad del Estado de priorizar los intereses de los inversionistas mineros, en muchos casos canadienses, sobre la vida y bienestar de las comunidades campesinas e indígenas.
El asesinato de Mariano forma parte de un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio y el medio ambiente en resistencia al modelo extractivo minero en México. Esta tendencia se ve reflejada en varios países de Latino américa. Según un estudio preliminar elaborado por un grupo de abogados canadienses sobre el vínculo entre empresas mineras de Canadá e incidentes de violencia y criminalización en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países, siendo claro que las cifras son una subestimación de la realidad.
DOCUMENTOS:
1 – El resumen de nuestra petición a la CIDH contra el Estado mexicano
2 – Nuestra petición en línea a las autoridades mexicanas
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