José Luis Abarca, hijo de un luchador ambiental asesinado en noviembre de 2009 por encabezar la resistencia a un proyecto minero en el municipio mexicano de Chicomuselo, estado de Chiapas, interpuso el 5 de febrero una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá.
Lo hizo en Ottawa, capital canadiense. Acusó a la Embajada de ese país en México de cubrir a la minera canadiense Blackfire Exploration, a la que señala como una de las responsables del asesinato de su padre.
El Comisionado tiene un plazo de 90 días para tomar el caso e investigar, y la familia Abarca espera una respuesta favorable. La Embajada “acuerpó a la empresa minera para que pudiera seguir trabajando”, y además “abonó la relación con el gobierno mexicano”, lo que fue fundamental para que la compañía “cumpliera con las amenazas -de muerte- que le habían hecho a mi padre”, dijo José Luis a Radio Mundo Real.
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